GUARANI ÑANDEVA, Invasores y depredadores de tierras indígenas, pretender presentarse como víctimas

Son tres ganaderos: Kurt Raimund Friesen Schroder, Miguel Ángel Genaro Muñoz Armas y Oscar Hein Ratzlaff, quienes desde hace 10 años usurpan y depredan las tierras de los indígenas Guaraní Ñandeva, comunidad Loma, ubicada en la zona de Infante Rivarola, cerca de la frontera con Bolivia. Ahora pretenden presentarse como víctimas y señalan a los legítimos dueños de las tierras como invasores.

El resumen del vía crucis de los nativos Guaraní Ñandeva es un rosario de desidia, corrupción, ineficiencia y complicidad de las autoridades. En 1984, el Instituto de Bienestar Rural (IBR), actual INDERT, habilitó como Colonia Nacional Indígena LOMA, por resolución N° 640, en una fracción de 10.079 hectáreas. Pero, las familias indígenas habían ya comenzado a asentarse en esas tierras en 1982.

Los nativos de esta parcialidad prestaron invaluables servicios al ejército paraguayo durante la Guerra del Chaco. Al finalizar la contienda se dispersaron. Un grupo fue llevado cautivo a Santa Cruz (Bolivia), otros se adentraron al Chaco paraguayo hasta la zona de Nueva Asunción y otro grupo se asentó en zona de Infante Rivarola. También hay comunidades Ñandeva en territorio argentino.

La comunidad Loma debió soportar las duras condiciones del terreno chaqueño, en los primeros años del asentamiento y finalmente por la falta de apoyo gubernamental y principalmente la falta de agua, los nativos se trasladaron, a principios de los años ’90, a las aldeas de Laguna Negra, zona de Mariscal Estigarribia.

En el 2010, aparecen los señores: Kurt Raimund Friesen Schroder, Miguel Ángel Genaro Muñoz Armas y Oscar Hein Ratzlaff  y solicitan al Indert, la adjudicación de la fracción de 10.000 hectáreas, bajo la figura de que son tierras fiscales, aun cuando ninguno de los tres son sujetos de la reforma Agraria.

Un año después en el 2011, el INDERT a través de tres Resoluciones (Res. N° 2413/11, 2414/11 y 2415/11) desestima la posibilidad de adjudicación de estas tierras a estos ocupantes ilegítimos no sujetos de reforma agraria, “…intimándolos a deponer la intención posesoria por constituir PATRIMONIO INDISCUTIBLE de la Comunidad Indígena Loma”.

Una publicación del corresponsal de ABC Color en Filadelfia, Marvin Duerksen, que data de setiembre del 2011, ya advertía de la invasión de tierras indígenas y de las gestiones que la entonces administración de la gobernación de Boquerón, estaba realizando para apoyar a los nativos.

En dicha publicación aparecen los nombres de: Blasito Alonso, Francisco Mauro González y Alfredo Alonso Romero, como líderes del consejo comunitario de Loma, reclamando reivindicando esas tierras y denunciando la invasión. Sin embargo, éstos nativos, ahora aparecen hablando contra su comunidad y en favor de los ganaderos, que invadieron el inmueble.

A pesar de que el INDERT había desestimado la adjudicación a Friesen, Muñoz Armas y Hein Ratzlaff, éstos siguieron con la ocupación deforestando grandes extensiones.

Una investigación del Instituto Forestal Nacional (INFONA) demostró –tras análisis de imágenes satelitales realizadas por la Dirección General de Bosques Nativos– que al menos dos de los invasores, Muñoz y Friesen, deforestaron desde 2014 unas 3.307 hectáreas de esas tierras. El desmonte fue para ampliar pasturas ganaderas, actividad a la que Muñoz y Friesen se dedican en la propiedad invadida. 

Por infracción forestal el Infona resolvió sancionar a Friesen con una multa de 843 millones de guaraníes, mientras que Muñoz tiene una multa de 700 millones de guaraníes. La resolución también establece que ambos deben presentar un plan para la «recomposición del daño causado» y, en el caso de Muñoz, se ordenó también un sumario al ingeniero forestal Alcides Brítez, por falsear un informe técnico.

Una denuncia en la fiscalía por delitos ambientales duerme en la unidad fiscal a cargo del agente Andrés Arriola, quien no ha realizado diligencia alguna, en el caso.

Ante estos hechos de atropello y despojo territorial, los Ñandéva vienen presentando una serie de denuncias en diferentes instancias del Estado, así como Policía Nacional, Fiscalía, MADES, INFONA, Congreso Nacional, pero hasta el momento no han obtenido una respuesta favorable, puesto que los ganaderos siguen en las tierras en litigio, desarrollando la ganadería extensiva.

Friesen, Muñoz y Hein Ratzlaff lograron también una medida de prohibición de no innovar en el terreno. Esta disposición judicial asfixia aún más a la comunidad, pues no se pueden realizar inversiones en electricidad, para aumentar la provisión de agua, fundamental para sobrevivir en esas regiones chaqueñas.

Mientras tanto los ganaderos están violando la medida cautelar promovida por ellos mismos y siguen deforestando.

En agosto pasado, se inició el proceso de la Mensura judicial, realizado por el INDERT como último procedimiento para titular las tierras a nombre de la comunidad indígena. En setiembre pasado, el entonces presidente de la institución Mario Vega, había informado a las comisiones de la Cámara de Senadores, que la mensura había terminado y que se encuentra en Departamento de Geodesia del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Vega explicó que ahora, los ganaderos ocupantes (Friesen, Muñoz y Hein Ratzlaff) iniciaron un juicio de retención de inmueble por mejoras introducidas, solicitando un pago de G. 6.000 millones cada uno, o sea G. 18.000 millones, como indemnización por supuestos daños y perjuicios.

Según el titular del Indert son tres juicios ordinarios, en el Juzgado Civil de la Región Occidental, donde los ganaderos solicitan la retención de las fracciones y el pago de indemnización por mejoras introducidas, y, por otro lado, accionaron en el Tribunal de Cuentas contra la resolución del Indert que rechazó sus solicitudes de adjudicación.

Coincidente con la entrada a la parte final del proceso de titulación de las tierras a favor de la comunidad indígena, en las últimas semanas, aparece una campaña, donde supuestos representantes de la comunidad Ñandeva, recorren medios de comunicación y algunas instituciones públicas, y son respaldados por el senador de Patria Querida, Fidel Zavala y directivos de la Asociación Rural del Paraguay (ARP). Los supuestos líderes indígenas fueron desautorizados y denunciados por los miembros de su parcialidad, por haber negociado con los ganaderos.

En tanto que la ARP, alegando defensa de la propiedad privada, está respaldando a usurpadores de tierras indígenas, que no tienen títulos de propiedad sobre los inmuebles que invadieron hace 10 años.

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